Canciller (e) asegura que exsecretario carecía de autoridad para decidir sobre contratos de pasaportes

A través de la cuenta oficial de la Cancillería, el Canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, emitió un comunicado abordando la controversia en torno a la asignación del contrato de pasaportes a Thomas Greg & Sons. Murillo indicó que el exsecretario de la Cancillería no poseía la autoridad necesaria para tomar decisiones al respecto, calificando la decisión como «inconsulta».

De acuerdo con Murillo, José Antonio Salazar, el exsecretario general de la Cancillería, no tenía la competencia para revertir la medida administrativa de Álvaro Leyva, que declaró desierto el proceso de licitación de pasaportes.

«El mismo doctor José Antonio Salazar ha admitido que sus acciones fueron inconsultas y, por lo tanto, contrarias a las instrucciones del Canciller en funciones», señaló Murillo. Asimismo, afirmó que se está llevando a cabo una investigación sobre la actuación de Salazar al asumir competencias retroactivas para la firma del contrato.

Además, Murillo desmintió la afirmación de que existiera un certificado de disponibilidad presupuestal para el proceso contractual, alegando que dichos recursos fueron reasignados desde el 2 de octubre de 2023.

El canciller en funciones garantizó que, por el momento, las sedes de Bogotá, las gobernaciones y los consulados colombianos en el extranjero seguirán prestando el servicio de pasaportes sin interrupciones.

Reacción de Petro: Gustavo Petro tildó la decisión de asignar el contrato a Thomas Greg & Sons como una «traición» y anunció la destitución del exsecretario general de la Cancillería. Según Petro, el contrato es corrupto y señaló la presunta influencia indebida de la empresa privada en el proceso. Exigió una investigación exhaustiva sobre el caso.

Respuesta del exsecretario: José Antonio Salazar respondió a las declaraciones de Petro asegurando que su destitución es el resultado de cumplir con la Constitución y la ley. Destacó que la decisión se tomó de manera autónoma y legal, con el objetivo de evitar posibles perjuicios financieros al Estado. Afirmó que las resoluciones que otorgan el contrato a Thomas Greg son legales y están en concordancia con la normativa vigente.