Tribunal de Cundinamarca ratifica la adjudicación del contrato de pasaportes e inadmitió la tutela de Thomas Greg

El Tribunal de Cundinamarca confirmó la adjudicación del contrato millonario para la impresión de pasaportes, desestimando así una acción de tutela presentada por la multinacional Thomas Greg and Sons (TGS). Esta empresa buscaba suspender la nueva licitación alegando posibles afectaciones económicas al erario público.

En su tutela, TGS solicitó al Tribunal la suspensión de la Licitación Pública N° LP-003-2003, argumentando que debían ser adjudicados y expresando preocupaciones sobre un riesgo de detrimento patrimonial que podría afectar la millonaria demanda de más de 117.000 millones de pesos que mantienen contra la Nación.

Cabe recordar que esta licitación fue lanzada recientemente por el Gobierno, después de declarar desierta la anterior, en la cual Thomas Greg llegó hasta la etapa final, pero con alegaciones de favorecimientos y presuntos actos de corrupción.

A pesar de las alegaciones de TGS, el Tribunal determinó que la entrega del contrato por parte de la Cancillería invalida la tutela, ya que no se configura un perjuicio irremediable al erario público. La autoridad judicial indicó que, al haber recibido el contrato, no procede la medida cautelar de urgencia solicitada por la multinacional.

José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería, fue quien adjudicó el contrato a TGS sin consultar con el presidente Gustavo Petro o con su superior, el canciller (e) Luis Gilberto Murillo. Salazar también canceló la nueva licitación que buscaba un nuevo contratista en condiciones de competencia justas.

Tras enterarse de estas decisiones, el presidente Petro calificó a Salazar como «traidor» y comenzó a explorar soluciones legales para revertir sus acciones administrativas. A pesar de las declaraciones del canciller (e) Murillo de que Salazar no tenía la autoridad para tomar tales decisiones, la decisión del Tribunal sugiere que la adjudicación del contrato ya está consolidada, planteando incertidumbres sobre la capacidad del Gobierno Petro para revertir las decisiones del exsecretario general de la Cancillería.